Cuando en 1960 el Gobieno inició, a través del “Grupo Especial de Trabajo”, los estudios previos a la “Planificación General para la Recolonización de las haciendas usufructuadas por la Asistencia Social”, descubrió que ni siquiera para las propiedades de la Junta Central de Quito existieron inventarios completos y bien organizados anteriores a 1956. En cuanto a las Juntas Centrales de Cuenca y Loja, ni sabían lo que tenían, ni dónde estaban ubicadas las propiedades.

Nadie conocía la extensión precisa, la calidad de los suelos, la productividad posible. Una de las tres haciendas lojanas, con una extensión total de 5.000 hectáreas, cubre una serie de cimas y abismos y resulta de tan difícil acceso—la última parte del viaje requiere ocho horas en mula—que raras veces alguien de fuera se había aventurado hasta allá. Por largas temporadas la hacienda permanecía prácticamente abandonada a su suerte.

Por fin se hicieron mapas, se estudiaron los suelos, se investigaron las posibilidades de desarrollo y se elaboró un programa de reasentamiento. Todo esto se realizó gracias al trabajo sacrificado, en el transcurso de los últimos dos años, de dos grupos de técnicos nacionales y extranjeros, el segundo bajo los auspicios del Fondo Especial de las Naciones Unidas que prestará su ayuda hasta fines de 1962.

Por primera vez, hombres resueltos han recorrido sistemáticamente cada una de las 77 haciendas que son propiedad del Estado y están usufructuadas por las siete Juntas Centrales y Provinciales a lo largo de toda la Sierra, desde el Carchi hasta Loja.

Lo que han descubierto forma parte de la realidad agrícola y social de toda esta región del país, aunque el cuadro a menudo se presenta más sombrío que el resto.

En poco más de medio siglo, las haciendas han pasado de un arrendatario a otro por lo menos cada ocho años. Aquellas bajo la administración directa de las respectivas juntas y principalmente la de Quito, han cambiado de administrador aún con mayor frecuencia, pues a éste se lo considera como cualquier “empleado público”.

Naturalmente, cada arrendatario se preocupó ante todo de sacar el mayor provecho inmediato poible, casi siempre a costa del futuro. Los administradores han carecido de todo, a veces incluso de semillas para la siembra. El abandono, el cambio constante de personal y de directivas, la falta de un plan de largo alcance que hubiese prometido mejores días, han inducido a los huasipungueros y demás trabajadores a buscar alivio a su triste situación por medios lícitos e ilícitos, con pocas ganas de cumplir sus deberes.